El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 104 votos, una reforma a la Ley General de Turismo para prevenir la explotación de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico. El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación.
La medida obligará a los prestadores de servicios turísticos, como hoteles y rentas vacacionales, a verificar con documentos oficiales el parentesco, la patria potestad o la custodia de los menores que viajan con adultos. Si la relación no puede acreditarse, deberán negar la reservación, ya sea presencial o electrónica, y notificar a las autoridades.
Aún falta definir qué documentos servirán como prueba y qué prestadores estarán obligados. Especialistas señalan que su aplicación requerirá capacitar al personal y actualizar los sistemas de reservación en línea que operan en el país. 
